En España vivían a principios de año 5,7 millones de
extranjeros, un 12% de la población. Si se incluyen en el cálculo los
residentes nacionalizados, la cifra se eleva a 6,7 millones, un 14%. Pese a la
excepcional rapidez e intensidad del fenómeno, hasta ahora el flujo migratorio
no ha sido fuente de conflictos sociales o episodios xenófobos de especial
gravedad. Pero la crisis y los recortes económicos están minando rápidamente
los principales cimientos de la integración de los extranjeros: empleo y prestaciones
sociales. Un reciente informe de Cáritas alerta de que, del millón de personas
atendidas por la organización en 2011, más de la mitad fueron inmigrantes.
Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) subrayan otro contundente
reflejo de esta situación: la salida de extranjeros del país ha experimentado
un gran acelerón en lo que va de año.
En sanidad también hay políticas que marcan cambios
sensibles entre comunidades. Por ejemplo, Andalucía, Cataluña o País Vasco
siguen prestando asistencia a los inmigrantes indocumentados pese a las nuevas
directrices en sentido contrario del ministerio. La pauta de heterogeneidad se
repite en el terreno de las prestaciones sociales. Aquí también, la escasez de recursos
ha forzado un repliegue. País Vasco y Navarra, que erogaban prestaciones de
renta mínima incluso a los irregulares, han endurecido las condiciones.
En el ámbito nacional, el debate sobre la cuestión
migratoria brilla por su ausencia. Ferruccio Pastore, director del Fórum
Internacional y Europeo de Investigaciones sobre la Inmigración, con sede en
Turín, argumenta que la ausencia del tema del debate público tiene al menos una
connotación positiva. “A diferencia de otras grandes depresiones, esta de momento
no ha provocado un potente oleaje xenófobo. En Grecia hay problemas graves, han
ocurrido episodios preocupantes en otros sitios, pero no es un fenómeno
generalizado. Esto es positivo. Pero, claro está, el silencio no produce
soluciones”.
¿Se reproducirán en España los brotes xenófobos griegos?
“Sin duda se percibe una mayor preocupación por la competencia extranjera en
una situación de escasez de empleo y recursos, pero de momento las encuestas no
registran un auge de sentimientos xenófobos”, comenta Martínez.
Los expertos consultados coinciden en esa visión y en que,
en cierta medida, España cuenta con la ventaja de la cercanía cultural,
religiosa y lingüística de la importante cuota de inmigrantes que proceden de
Latinoamérica. Pero esta no es un factor decisivo.
Si la cuestión identitaria es importante para la integración
de los inmigrantes, Philippe Fargues advierte de que en la situación actual
española se trata de un aspecto secundario. “Esta es una crisis económica, no
cultural. Lo que se está perdiendo son empleos y oficios, no identidades”,
dice.
“En definitiva, la clave de la cohesión social está en
servicios públicos eficientes. Esto vale para los autóctonos y para los
inmigrantes. Y hay cada vez más consenso entre expertos en que son mejores
buenos sistemas universales que no programas específicos para inmigrantes,
porque cubren sus necesidades particulares pero que acaban por
estigmatizarles”, señala Moreno.
El tema no está en una agenda política española
repleta de problemas acuciantes. “El recorte del acceso a los servicios médicos
para los extranjeros en situación irregular es un guiño, pero por lo general el
PP parece haber decidido no entrar de lleno en la cuestión”, dice Moreno. El
PSOE, tampoco. Las experiencias francesa y británica —países con mayor
tradición migratoria y con modelos de integración más articulados— sugieren
que, antes o después, algún estallido podría ponerla abruptamente sobre la
mesa. Ahí, décadas después, todavía debaten mucho del tema. En 2011, el primer
ministro británico, David Cameron, dio por fracasado “el multiculturalismo de
Estado”; y Sarkozy, gran abanderado del asimilacionismo radical, sufrió en mayo
una gran derrota en las urnas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario